Exsecretario de la Fundación San José acepta responsabilidad por diplomas falsos y recibe condena de tres años

Bogota, 21 de agosto del 2026 - El exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue condenado a tres años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la expedición de diplomas y actas de grado que, según la Fiscalía, no correspondían a la realidad académica de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien había sido considerada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, luego de que el despacho avalara el preacuerdo alcanzado entre Gutiérrez y la Fiscalía. El exfuncionario fue condenado por el delito de falsedad ideológica en documento público, tras reconocer que desde el cargo que desempeñaba autorizó la expedición de documentos académicos que no reflejaban el cumplimiento real de los requisitos de grado.
Durante la audiencia, el juez señaló que existían elementos para establecer, en grado de inferencia razonable, la participación de Gutiérrez en los hechos. Según explicó, el exsecretario ejerció funciones en la institución entre el 1 de septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2025, periodo durante el cual tenía responsabilidades relacionadas con la certificación y documentación académica.
La investigación sostiene que Juliana Guerrero no habría cursado ni cumplido los requisitos necesarios para obtener los títulos de Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y de Contaduría Pública. Pese a ello, los documentos fueron expedidos y posteriormente habrían sido utilizados ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II) durante su proceso para llegar al cargo de viceministra de Juventudes.
Exsecretario pidió perdón durante la audiencia
Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez Martínez reconoció públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas a la comunidad académica, estudiantes, egresados, profesores y directivos de la institución.
“Ofrezco unas disculpas públicas por una mala decisión por una serie de hechos que han afectado a la comunidad académica y a todos sus actores”, manifestó el exfuncionario ante el juez.
Gutiérrez reconoció además que su actuación significó una violación de las normas que regulan la educación superior. “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, afirmó durante la diligencia.
El exsecretario también aseguró que las consecuencias de sus decisiones han tenido un fuerte impacto en su vida personal y profesional. “Una mala decisión puede afectar nuestra vida personal, profesional y familiar”, expresó, antes de reiterar sus disculpas y señalar que espera que su caso sirva como una reflexión sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en el ejercicio de una función pública o institucional.
Fiscalía explicó cómo se habrían expedido los títulos
Durante la sustentación del preacuerdo, la fiscal Jessica Montealegre Villaquirá explicó que Gutiérrez tenía dentro de sus funciones la verificación, validación y certificación de los requisitos de grado de los estudiantes.
Según la Fiscalía, el entonces secretario utilizó esas facultades para autorizar de manera manual la expedición de los documentos académicos correspondientes a Guerrero, pese a que ella no habría cumplido con las condiciones exigidas para obtener los títulos.
La investigación también estableció que, dentro del acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez aceptó su responsabilidad por falsedad ideológica en documento público. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, no se encontraron elementos que permitieran establecer un incremento patrimonial injustificado derivado de los hechos.
El preacuerdo permitió modificar su condición dentro de la investigación de autor a cómplice, razón por la cual se estableció una pena de 36 meses de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Fundación San José destacó su colaboración
Durante la diligencia también intervino el abogado Juan David Bazzani, representante de la Fundación de Educación Superior San José, reconocida dentro del proceso como víctima. El jurista señaló que Gutiérrez habría mostrado disposición para colaborar tanto con la institución como con la justicia desde que el caso comenzó a ser investigado.
Mientras tanto, el proceso relacionado con Juliana Guerrero continúa su curso judicial. La excandidata a viceministra de Juventudes estaba citada a una audiencia de acusación por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal, pero no se presentó a la diligencia programada.
El caso mantiene bajo escrutinio la forma en que fueron expedidos y utilizados los documentos académicos que terminaron vinculados al proceso de selección para un alto cargo del Gobierno Nacional.




