Fallo judicial ordena al alcalde Ernesto Orozco desalojar antes del 31 de agosto cuatro asentamientos de Valledupar
Valledupar, 2 de agosto de 2026. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, deberá ejecutar, a más tardar el próximo 31 de agosto, el desalojo de los asentamientos Los Guasimales, Brisas de La Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, donde actualmente habitan más de 30 mil personas, en cumplimiento de una decisión proferida por la Inspección Séptima Urbana de Policía.
La medida hace parte de un proceso judicial que se ha prolongado por varios años y que busca restituir a sus propietarios los terrenos que conforman el predio La Sabana 1, inmueble que perteneció al mayor (r) del Ejército Alberto Pimienta Cotes y que hoy es reclamado por sus herederos.
De acuerdo con la información conocida por este medio, la única alternativa para que las familias permanezcan en el lugar sería que el Municipio adquiriera los terrenos. Sin embargo, el valor estimado del predio asciende a 350 mil millones de pesos, una cifra que actualmente supera la capacidad financiera de la administración municipal.
El fallo también incrementa la presión sobre el mandatario local. Según se conoció, de no cumplirse la orden de desalojo dentro del plazo fijado, el abogado que representa a la familia propietaria solicitará al juez competente que se imponga una sanción por desacato, la cual podría traducirse en 20 días de arresto para el alcalde Ernesto Orozco Durán.
Un conflicto que completa cerca de dos décadas
La controversia sobre estos terrenos se remonta a 2008, cuando cientos de familias, muchas de ellas víctimas del desplazamiento forzado, ocuparon los predios ubicados en el sector suroriental de Valledupar. Desde entonces, el propietario inició una querella policiva por ocupación de hecho para recuperar la posesión del inmueble.
El caso llegó hasta la Corte Constitucional, que reconoció el derecho de propiedad de los dueños del predio, pero también ordenó a las autoridades proteger los derechos fundamentales de las familias ocupantes, especialmente de aquellas en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, el alto tribunal dispuso que cualquier procedimiento de restitución debía estar acompañado de medidas de reubicación y garantías para la población afectada.
Los documentos oficiales identifican que los asentamientos Los Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de La Popa están ubicados sobre el predio La Sabana 1, cuya propiedad fue certificada por la propia Alcaldía de Valledupar dentro del proceso judicial.
En la actualidad, quien lidera las actuaciones para obtener la restitución del inmueble es Mauricio Pimienta Naranjo, heredero de la familia propietaria, quien ha promovido diversos incidentes judiciales para exigir el cumplimiento de las órdenes emitidas por los despachos competentes.
La decisión de la Inspección Séptima Urbana de Policía abre un nuevo capítulo en uno de los conflictos de tierras más complejos que enfrenta Valledupar, debido al reto que representa cumplir una orden judicial que impacta a miles de familias y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por el derecho a la propiedad privada y los derechos fundamentales de la población asentada en el lugar.
