FARC impone condena a ex jefes de las FARC, los cuales no irán a la cárcel
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició formalmente la ejecución de las sanciones impuestas a siete integrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP, condenados por su responsabilidad en crímenes relacionados con la política de secuestros investigada en el Caso 01. Las sanciones, que contemplan entre cinco y ocho años de duración, incluyen trabajos restaurativos, restricciones de movilidad y vigilancia electrónica.
Las penas impuestas a los excomandantes
La decisión establece las siguientes sanciones propias para los siete comparecientes:
· Rodrigo Londoño Echeverri: ocho años.
· Jaime Alberto Parra Rodríguez: siete años, diez meses y dos días.
· Milton de Jesús Toncel Redondo: siete años, ocho meses y 25 días.
· Pablo Catatumbo Torres Victoria: ocho años.
· Pastor Lisandro Alape Lascarro: seis años, 11 meses y 22 días.
· Julián Gallo Cubillos: seis años.
· Rodrigo Granda Escobar: cinco años.
La sentencia corresponde a la máxima sanción propia de la JEP, dentro de un modelo de justicia transicional que contempla trabajos de reparación y restricciones efectivas de derechos y libertades. No se trata de una pena ordinaria de prisión.
¿En qué consisten las sanciones?
Los exintegrantes del Secretariado deberán desarrollar proyectos orientados a la reparación de las víctimas y la reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto armado. Entre las actividades contempladas se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, trabajos de infraestructura, acciones de protección ambiental y proyectos de memoria histórica.
Además, la JEP estableció medidas de control que incluyen residencia fija, horarios de dedicación a los proyectos restaurativos, restricciones para desplazarse, monitoreo electrónico y prohibición de salir del país sin autorización. La ejecución y verificación de las sanciones estará bajo la responsabilidad de la justicia transicional.
Búsqueda de desaparecidos en Pitalito
Uno de los primeros proyectos se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde cinco de los comparecientes —Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton Toncel— participan en labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026.
Las actividades se realizan bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas e incluyen apoyo logístico, adecuación de terrenos, excavación manual y acompañamiento a los equipos de antropología. Los comparecientes no tendrán funciones forenses.
Con el inicio formal de estas sanciones, la JEP avanza en la ejecución de la sentencia contra los antiguos comandantes de las FARC-EP, con énfasis en la reparación de las víctimas, el cumplimiento de las obligaciones judiciales y la contribución a la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado.
