Fiscalía abre investigación contra Álvaro Uribe por casos El Aro y La Granja; expresidente denuncia “persecución política”
Bogota, 18 de junio del 2026 - En una decisión que ha generado fuerte impacto político en el país, la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en la década de los 90, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La determinación incluye además un llamado a indagatoria, dentro de un proceso que avanza bajo la Ley 600, aunque por ahora no se ha fijado fecha para la diligencia.
El proceso judicial señala posibles hechos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, y parte de la hipótesis de una presunta relación con la creación de estructuras paramilitares en la hacienda Guacharacas, vinculada a la familia Uribe. Según la Fiscalía, también se investigan posibles omisiones del entonces gobernador de Antioquia, cargo que ejerció entre 1995 y 1998, en relación con las incursiones armadas ocurridas en Ituango durante 1996 y 1997, donde se registraron asesinatos, desplazamientos forzados y destrucción de viviendas.
Tras conocerse la decisión, el expresidente reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: “De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”. En otra publicación, Uribe cuestionó la actuación de la funcionaria encargada del caso, asegurando: “La señora Fiscal (...) no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”.
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones también relacionan los hechos con el asesinato de Jesús María Valle, ocurrido en 1998, quien había denunciado previamente las masacres de la región. Por su parte, el abogado del exmandatario, Jaime Granados, ha sostenido que no existe evidencia que vincule a su defendido con los hechos, mientras el proceso continúa su curso en medio de un fuerte debate político y judicial en el país.
