“Ley Miguel”: proyecto busca que menores desde los 14 años respondan como adultos por delitos de alto impacto
Bogota, 26 de julio del 2026 - La discusión sobre la responsabilidad penal de los menores de edad volvió al centro del debate nacional tras la radicación en el Congreso de la República de la denominada “Ley Miguel”, una iniciativa que propone que adolescentes de 14 años o más puedan ser juzgados bajo criterios similares a los de los adultos cuando estén involucrados en delitos graves como homicidios, sicariato y otros crímenes de alto impacto. El proyecto fue presentado por el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, del partido Centro Democrático, quien sostiene que las estructuras criminales estarían aprovechando las condiciones actuales del sistema judicial para reclutar menores y utilizarlos en actividades ilícitas.
Según explicó el congresista, la propuesta busca cerrar los vacíos que, a su juicio, permiten que organizaciones delincuenciales instrumentalicen a adolescentes para ejecutar acciones violentas con menores consecuencias judiciales. "El objetivo es frenar la utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales para ejecutar homicidios, sicariatos y otros delitos de alto impacto", señaló Arizabaleta al defender la iniciativa, que ya comienza a generar reacciones tanto a favor como en contra dentro de distintos sectores políticos y sociales.
La propuesta contempla modificaciones al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, permitiendo que quienes participen en conductas especialmente graves enfrenten un tratamiento judicial más severo. Para sus promotores, la medida fortalecería la capacidad del Estado para combatir fenómenos como el sicariato juvenil y reducir el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales que operan en diferentes regiones del país.
El proyecto fue bautizado como “Ley Miguel” en referencia al caso de Miguel Uribe Turbay, cuya muerte reabrió la discusión sobre la participación de menores en hechos violentos y las sanciones aplicables en estos casos. Sus impulsores consideran que el episodio evidenció la necesidad de revisar la legislación vigente y adoptar herramientas más estrictas frente a delitos que generan un alto impacto social.
Sin embargo, la iniciativa también ha despertado cuestionamientos entre quienes consideran que endurecer las penas para adolescentes no resolverá las causas estructurales de la violencia juvenil. Diversos sectores advierten que el debate deberá incluir aspectos relacionados con la protección de derechos, la resocialización y las garantías especiales que actualmente contempla la justicia para menores de edad.
Por ahora, la “Ley Miguel” inicia su recorrido legislativo y deberá superar varios debates en la Cámara de Representantes y el Senado. Será durante ese proceso donde se definirá si la propuesta avanza, se modifica o se archiva, en medio de una discusión que promete convertirse en una de las más polémicas del próximo periodo legislativo.
