Reforma tributaria de De la Espriella: las dificultades del Gobierno para conseguir ponentes y asegurar el trámite en el Congreso

El Gobierno nacional enfrenta dificultades para consolidar los respaldos políticos que necesita para sacar adelante su proyecto de reforma tributaria y ajuste fiscal. Aunque ya comenzó la designación de ponentes, las diferencias entre las bancadas, las críticas de los propios partidos aliados y el poco tiempo disponible para debatir la iniciativa complican el panorama legislativo.

La llamada Ley de Rescate Económico, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella como una de sus principales apuestas para enfrentar el déficit fiscal, comenzó su recorrido por el Congreso en medio de un ambiente de incertidumbre política.

Uno de los primeros pasos del trámite es la designación de los congresistas que tendrán la responsabilidad de estudiar el articulado, coordinar las discusiones y elaborar la ponencia que servirá de base para los debates.

Sin embargo, el Ejecutivo se ha encontrado con un escenario complejo: varios sectores políticos no están de acuerdo con los principales componentes tributarios de la propuesta, incluso dentro de las colectividades que respaldan al presidente.

Ya hay ponentes, pero no un consenso político

El proceso de designación comenzó con el anuncio del senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, como uno de los primeros congresistas designados para participar como ponente de la iniciativa.

Ocampo, aunque pertenece a una colectividad de oposición, manifestó que Colombia necesita un ajuste fiscal, pero advirtió que sus efectos no deben recaer sobre los sectores de menores ingresos.

Su posición refleja una de las principales dificultades del Gobierno: conseguir que los congresistas participen en la construcción de una propuesta que todavía genera profundas diferencias sobre quién debe asumir el costo del ajuste económico.

La designación de ponentes, por sí sola, no garantiza que exista una mayoría dispuesta a respaldar el proyecto. El verdadero desafío será construir una ponencia que reúna apoyos suficientes para superar las comisiones económicas y posteriormente las plenarias.

Los aliados también le ponen condiciones al Gobierno

Las dificultades del Ejecutivo no provienen exclusivamente de la oposición. El Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador y sectores de Salvación Nacional han expresado reparos frente a varios artículos de la iniciativa.

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es el aumento del IVA para productos de consumo cotidiano, entre ellos alimentos como el café, las frutas, las verduras, el azúcar y otros productos de la canasta familiar.

También hay cuestionamientos al incremento de las cargas tributarias para determinados trabajadores y a las medidas relacionadas con los aportes al sistema de salud.

El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha pedido aumentar los recortes al gasto público y ha planteado alternativas como la venta de una parte de las acciones de Ecopetrol e ISA para obtener recursos sin recurrir a nuevos impuestos sobre los consumidores.

La inconformidad también se manifestó en la reunión convocada por el Gobierno el pasado 7 de noviembre en Barranquilla, con integrantes de las comisiones económicas del Congreso. El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y varios ministros, pero no contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella.

Según los reportes del encuentro, los congresistas presentaron numerosas objeciones y propuestas de modificación. La reunión dejó en evidencia que el Gobierno todavía debe trabajar para acercar posiciones con sus propios aliados.

El tiempo se convierte en otro obstáculo

A las diferencias políticas se suma el calendario legislativo.

El proyecto fue radicado el 29 de octubre y el periodo ordinario de sesiones del Congreso termina el próximo 16 de diciembre. Esto deja al Gobierno poco más de un mes para avanzar en una iniciativa que requiere un trámite legislativo exigente.

Ante la urgencia, el Ejecutivo presentó un mensaje para acelerar su discusión y solicitó que las comisiones económicas puedan tramitar conjuntamente el primer debate, de acuerdo con los mecanismos constitucionales.

No obstante, la elaboración de la ponencia requiere estudiar el articulado, escuchar las observaciones de los congresistas, negociar modificaciones y construir un texto que tenga posibilidades reales de aprobación.

Un análisis de Orza Relacionamiento Estratégico y Rodríguez Piedrahita Derecho Tributario, citado en la discusión sobre el calendario del proyecto, advierte que las reformas tributarias recientes han tardado entre 33 y 85 días desde su radicación hasta la presentación de la ponencia para primer debate.

Por eso, completar los cuatro debates antes del cierre de las sesiones ordinarias representa un desafío considerable. El Gobierno podría necesitar convocar sesiones extraordinarias para intentar culminar el trámite.

Alejandro Ordóñez, ante el reto de conseguir mayorías

En este escenario, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, tiene una responsabilidad determinante: tender puentes con las diferentes bancadas y conseguir los acuerdos políticos que permitan avanzar con la iniciativa.

Su gestión será puesta a prueba en un momento en el que los partidos aliados están marcando distancias frente a algunas propuestas del Ejecutivo y exigen modificaciones al proyecto.

El Gobierno sostiene que el ajuste fiscal es necesario para garantizar la financiación de las obligaciones estatales y evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. Sin embargo, sus argumentos deberán traducirse en acuerdos concretos con los congresistas.

Una reforma que todavía necesita acuerdos

La dificultad del Gobierno no consiste únicamente en conseguir nombres para integrar el grupo de ponentes. El desafío central es lograr que esos congresistas puedan construir una propuesta respaldada por una mayoría política.

La discusión también pondrá a prueba la capacidad del presidente Abelardo de la Espriella para mantener cohesionada su coalición y negociar con sectores que, aunque respaldan algunas medidas de austeridad, rechazan los nuevos impuestos.

Por ahora, la reforma sigue enfrentando resistencias y el calendario avanza. Las próximas semanas serán determinantes para establecer si el Gobierno consigue transformar sus anuncios de ajuste fiscal en un proyecto con posibilidades reales de aprobación en el Congreso.