Reforma fiscal abre debate por sus posibles efectos en las finanzas de los departamentos de la Costa Caribe

El proyecto de Ley de Rescate Económico plantea cambios en los impuestos a licores, cervezas y cigarrillos, así como modificaciones en las obligaciones financieras de los departamentos. Las medidas podrían repercutir en los recursos destinados a salud y en la capacidad de inversión de las administraciones territoriales.

La reforma fiscal presentada por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República comienza a generar inquietudes sobre sus posibles efectos en las finanzas de los departamentos colombianos, particularmente en aquellos que dependen de los impuestos al consumo para financiar programas sociales y servicios públicos.

La iniciativa, denominada Ley de Rescate Económico y radicada el 29 de octubre de 2026 como Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, contiene 106 artículos que contemplan modificaciones tributarias, reducción del gasto público y ajustes a las reglas fiscales. Su discusión adquiere especial importancia para la región Caribe, donde departamentos como Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre deberán evaluar las consecuencias de los cambios propuestos.

Uno de los puntos que concentra la atención es el incremento de los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, cerveza y productos de tabaco. En el caso de los licores, el proyecto propone aumentar el componente específico de $360 a $750 por grado de alcohol en una botella de 750 centímetros cúbicos, mientras que el componente ad valorem pasaría del 25 % al 35 %. También plantea elevar el IVA del 5 % al 19 % para estos productos.

Para los cigarrillos, la propuesta establece un impuesto específico de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027 y de $11.200 a partir de 2028. En cuanto a la cerveza, contempla una nueva estructura tributaria que incorpora un componente específico de $330 por grado alcoholimétrico en una unidad de 330 centímetros cúbicos y otro del 10 % sobre el precio de venta al público.

Estos cambios podrían tener repercusiones sobre los departamentos que reciben ingresos por el consumo de estos productos. También abren interrogantes sobre el comportamiento del mercado, los precios finales y la posible incidencia del contrabando y la comercialización informal.

Los recursos para salud, en el centro de la discusión

Otro aspecto relevante es la destinación de los recursos provenientes de estos tributos. El proyecto contempla que el recaudo adicional de varios de los impuestos al consumo contribuya a financiar el aseguramiento en salud a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

En el caso del IVA aplicado a los licores, la iniciativa establece que la totalidad del recaudo se cedería a los departamentos con destinación al aseguramiento en salud.

Este planteamiento obliga a examinar cómo se distribuirían los recursos y qué efectos tendría la nueva estructura sobre las rentas departamentales que actualmente respaldan la financiación de servicios de salud y otros compromisos territoriales.

Obligaciones financieras y capacidad de inversión

La propuesta también incluye disposiciones relacionadas con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Entre ellas, establece que los departamentos deberán aportar el 10 % de sus ingresos corrientes de libre destinación, mientras que la Nación plantea pagar sus obligaciones pendientes con este fondo en diez cuotas anuales a partir de 2027.

Esta disposición representa otro punto de interés para las administraciones regionales, debido a que los ingresos corrientes de libre destinación son recursos que permiten financiar diferentes compromisos y gastos de funcionamiento e inversión de los gobiernos departamentales.

Por esa razón, será necesario establecer cómo se aplicaría esta obligación y qué margen presupuestal tendrían los departamentos para atender sus necesidades prioritarias.

El Caribe necesita claridad sobre sus recursos

La discusión también coincide con el debate sobre el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo 2027-2028. El proyecto contempla $27,54 billones para las regiones, una reducción aproximada del 11 % frente al bienio anterior.

De acuerdo con las cifras divulgadas sobre la distribución regional, el Caribe tendría una asignación de $5,18 billones. Aunque se mantiene como la región con mayor participación entre las seis regiones consideradas, la reducción general de los recursos disponibles plantea desafíos para la financiación de proyectos de infraestructura, educación, saneamiento básico y desarrollo social.

Es importante precisar que el presupuesto de regalías corresponde a una iniciativa legislativa distinta de la Ley de Rescate Económico, aunque ambos debates tienen repercusiones sobre las posibilidades de financiación de los territorios.

Congreso y Gobierno instalarán mesas técnicas

El debate sobre la Ley de Rescate Económico continúa en el Congreso. Este 8 de noviembre, representantes del Gobierno y congresistas de las comisiones económicas acordaron instalar mesas técnicas para revisar las propuestas y las diferencias alrededor de la iniciativa.

Entre los asuntos que requieren mayor discusión están los nuevos gravámenes, las fuentes de financiación de la salud, las cargas para los contribuyentes y las medidas de reducción del gasto público.

Por ahora, el proyecto no es ley de la República y sus disposiciones podrían modificarse durante el trámite legislativo.

Para los departamentos del Caribe, el resultado de esta discusión será determinante para conocer cómo se reorganizarán algunas de sus fuentes de financiación y cuáles serán las condiciones para mantener sus inversiones y programas sociales.

La pregunta que queda sobre la mesa es si el nuevo esquema permitirá fortalecer las finanzas nacionales sin reducir la capacidad de respuesta de los gobiernos territoriales frente a las necesidades de sus comunidades.