Suspenden desalojo previsto para cuatro sectores de Valledupar.

Valledupar, 21, agosto de 2026 - El desalojo que estaba previsto para el próximo 31 de agosto en los sectores Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa quedó temporalmente suspendido por decisión judicial.

La determinación fue adoptada por el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar, luego de admitir para estudio una acción de tutela presentada por líderes de las comunidades que permanecen asentadas en estos sectores. La medida fue suscrita el pasado 18 de agosto por la jueza Ana Milena Saavedra Martínez.

Los habitantes acudieron a la justicia para cuestionar la actuación de la Inspección Séptima Urbana de Policía, encargada de adelantar el procedimiento de recuperación de los predios. Entre los argumentos expuestos está el presunto incumplimiento de las medidas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-946 de 2011.

Ese fallo establece que, antes de ejecutar desalojos que involucren a población en condición de vulnerabilidad, las autoridades deben adoptar medidas que permitan garantizar derechos básicos, entre ellos el acceso a una vivienda digna, además de contemplar albergues temporales y la realización de censos que permitan establecer quiénes serían las personas afectadas.

Ante la solicitud de los accionantes, el juzgado concedió una medida cautelar de urgencia para detener temporalmente la diligencia. No obstante, la decisión fue limitada al desalojo y no incluyó otras pretensiones planteadas por los líderes comunitarios.

Los accionantes también habían solicitado que se ordenara a la Alcaldía construir de manera inmediata los albergues temporales y realizar un nuevo censo de las familias que ocupan los terrenos. El despacho judicial explicó que tomar esas decisiones en esta etapa significaría anticiparse al análisis de fondo de la tutela, sin contar todavía con la totalidad de las pruebas.

Por ahora, la diligencia prevista para el 31 de agosto no podrá ejecutarse mientras avanza el estudio de la acción de tutela y el juzgado determina si las autoridades han cumplido las obligaciones señaladas por la Corte Constitucional.