A la Defensoría del Pueblo no le suena mucho la intervención de la Fuerza Pública en las universidades

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al anuncio del Gobierno Nacional de establecer un protocolo para regular la actuación de la Fuerza Pública al interior de las universidades, y advirtió sobre la necesidad de proteger tanto la autonomía universitaria como el derecho a la protesta pacífica.

En un comunicado divulgado este 20 de septiembre de 2026, la entidad señaló que las intervenciones de las autoridades en los campus deben ser excepcionales y estar sustentadas en un fundamento jurídico concreto, sin afectar de manera indiscriminada los derechos de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad académica.

La Defensoría explicó que la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, no significa que las universidades estén por fuera de la ley o que las autoridades no puedan actuar en determinadas circunstancias. Precisó que existen situaciones excepcionales, como la flagrancia, en las que la Fuerza Pública puede intervenir sin que sea necesaria, como regla general, una autorización previa de las directivas universitarias.

Sin embargo, advirtió que ninguna circunstancia permite actuaciones ilimitadas y que toda intervención debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

Protesta pacífica no justifica el ingreso de la Fuerza Pública

La entidad fue enfática en señalar que las protestas pacíficas, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad política no constituyen, por sí solas, razones para autorizar el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades.

En ese sentido, sostuvo que cuando se presenten hechos de violencia, la respuesta estatal debe dirigirse específicamente contra quienes incurran en esas conductas, sin traducirse en medidas indiscriminadas contra toda la comunidad universitaria ni en restricciones generalizadas al derecho de reunión, manifestación y protesta.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo destacó que el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central en los escenarios de movilización social. El uso de la fuerza, indicó, debe responder a una necesidad concreta y guardar proporción con el riesgo que se busca controlar.

Pide un protocolo con participación y garantías

Frente al protocolo anunciado por el Gobierno Nacional, la Defensoría solicitó que su elaboración se realice mediante un proceso participativo, en consonancia con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC7641 de 2020.

El organismo consideró que la futura regulación debe establecer con claridad los casos excepcionales en los que se permitiría la intervención de la Fuerza Pública, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación con las universidades y las garantías necesarias para prevenir excesos en el uso de la fuerza.

Finalmente, la Defensoría reiteró su disposición de contribuir, dentro de sus competencias, a que cualquier regulación o actuación relacionada con este asunto tenga como eje central la protección de los derechos humanos.