"Aunque no ganen un salario mínimo, estarán obligados a cotizar por este", polémico decreto expedido por Gustavo Petro antes de dejar la presidencia podría afecta a repartidores de plataformas
Bogota, 08 de agosto del 2026 - Un nuevo decreto expedido durante las últimas horas del gobierno de Gustavo Petro generó críticas entre las plataformas digitales y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad social de los repartidores que trabajan mediante aplicaciones como Rappi en Colombia. Se trata del Decreto 0991 de 2026, que establece nuevas reglas para determinar los aportes a salud, pensión y riesgos laborales de estos trabajadores.
La controversia se concentra en la forma de calcular el Ingreso Base de Cotización (IBC), especialmente para quienes reciben ingresos inferiores a un salario mínimo o trabajan pocas horas mediante las aplicaciones. Aunque la Ley 2466 de 2025 estableció que las plataformas asumirían el 60 % de los aportes a salud y pensión y el 100 % de los riesgos laborales para los repartidores independientes, representantes del sector consideran que el nuevo decreto introduce disposiciones que podrían incrementar los costos de cotización.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la base mínima para riesgos laborales, que podría llegar a corresponder a un salario mínimo incluso cuando los ingresos del repartidor sean inferiores. Según las plataformas, esto podría afectar la sostenibilidad de un modelo en el que muchos trabajadores tienen una dedicación parcial.
José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, cuestionó duramente la decisión y afirmó: “Denunciamos que el gobierno Petro acaba de sacar el Decreto 0991 de 2026, que destruye lo logrado en seguridad social para repartidores que trabajan a través de apps”. El dirigente agregó que, a su juicio, “por esta irresponsabilidad, pueden destruirse miles de trabajos, en su mayoría jóvenes migrantes”.
El gremio pidió al próximo gobierno de Abelardo De La Espriella revisar la reglamentación y evaluar sus posibles efectos sobre los trabajadores y las empresas de plataformas. El debate queda ahora en manos de la nueva administración, que deberá determinar si mantiene, modifica o busca ajustar las disposiciones adoptadas en los últimos días del gobierno Petro.
