Contraloría cuestiona millonaria inversión en la “Paz Total”: más de $640.000 millones habrían sido destinados solo a pagar sueldos
Bogota, 11 de agosto del 2026 - La estrategia de “Paz Total”, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro durante su administración, vuelve a estar en el centro del debate por el volumen de recursos públicos destinados a su funcionamiento. Un reciente reporte de la Contraloría General de la República señala que el Estado habría destinado más de $640.000 millones para sostener las estructuras directivas, administrativas y operativas relacionadas con esta política.
El informe del organismo de control pone especial atención en los recursos utilizados para mantener en funcionamiento los diferentes procesos de negociación adelantados por el Gobierno con organizaciones armadas. Entre ellos se encuentran los diálogos con el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, estructuras con las que la administración Petro buscó establecer acuerdos orientados a reducir la violencia y avanzar hacia procesos de desmovilización.
De acuerdo con el desglose presentado, una parte importante de los recursos estuvo relacionada con la operación logística necesaria para desarrollar las conversaciones. Allí aparecen gastos asociados a honorarios de negociadores y asesores, esquemas de seguridad, transporte aéreo, desplazamientos y organización de reuniones, tanto dentro como fuera del territorio colombiano.
El monto ha generado cuestionamientos debido a la relación entre el costo fiscal de la estrategia y los resultados obtenidos durante los años de implementación. La discusión cobra mayor relevancia debido a que varios de los procesos de negociación atravesaron momentos de crisis, fueron suspendidos o terminaron interrumpidos ante el recrudecimiento de las acciones violentas de algunas estructuras armadas.
La Contraloría mantiene bajo revisión la manera en que fueron utilizados estos recursos y busca establecer si el gasto cumplió con criterios de eficiencia, eficacia y economía, principios que deben orientar la administración de los recursos públicos. El análisis también pretende determinar cuál fue el impacto real de las inversiones realizadas alrededor de los procesos de diálogo.
Uno de los puntos que genera mayor debate es que los recursos no estuvieron destinados únicamente a las conversaciones propiamente dichas. La estrategia requirió una estructura institucional y operativa para acompañar las negociaciones, incluyendo personal especializado, asesores, mecanismos de protección y toda la logística necesaria para movilizar a las delegaciones.
Desde distintos sectores políticos han surgido críticas frente a la magnitud de la inversión. Los cuestionamientos se concentran en que el Estado asumió compromisos económicos de gran tamaño mientras varios de los procesos terminaron enfrentando dificultades que impidieron alcanzar los objetivos inicialmente planteados.
La controversia también está relacionada con el deterioro de la seguridad en diferentes regiones del país durante el periodo en que se desarrollaron los diálogos. Para los sectores críticos de la política gubernamental, el hecho de que algunas organizaciones armadas hayan mantenido o incrementado sus actividades criminales representa un contraste con los recursos que fueron destinados para intentar alcanzar acuerdos de paz.
Sin embargo, la evaluación del organismo de control deberá determinar con precisión cómo se ejecutaron los recursos, cuáles fueron sus destinatarios y qué resultados concretos se obtuvieron. El monto global, por sí solo, no establece la existencia de irregularidades, por lo que será necesario conocer las conclusiones de las revisiones fiscales y administrativas correspondientes.
El reporte vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha acompañado la implementación de la “Paz Total”: ¿cuánto le costó al Estado colombiano mantener la estructura necesaria para desarrollar los diálogos y qué resultados quedaron después de las negociaciones?
Mientras avanzan las revisiones, el debate político promete mantenerse abierto. Para sus críticos, los más de $640.000 millones representan una inversión que debe ser examinada frente a los resultados obtenidos en materia de paz y seguridad. Para las autoridades de control, el reto consiste ahora en establecer si la utilización de esos recursos respondió efectivamente a los objetivos para los cuales fueron destinados.
