Fondo Milagro y las donaciones de la primera dama: ¿qué se cuestiona y qué ha respondido el Gobierno?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, quedó en el centro de una controversia por la administración de las donaciones destinadas a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. La oposición exige conocer cuánto dinero recibió y cómo se utilizó, mientras el Gobierno sostiene que la organización está legalmente habilitada para recibir aportes. Una decisión judicial ordenó entregar información detallada sobre esos recursos.

La polémica tiene como protagonistas a dos entidades que conviene diferenciar: el Fondo Milagro, creado por el Gobierno para financiar la recuperación de los territorios afectados por el terremoto, y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, liderada por la primera dama, que promovió la campaña de donaciones Colombia, un solo corazón.

Aunque ambas iniciativas están relacionadas con la atención de la emergencia, no son la misma organización ni administran necesariamente los mismos recursos.

¿Qué denuncia la oposición?

Uno de los principales cuestionamientos ha sido planteado por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien ha solicitado explicaciones sobre el monto de las donaciones recibidas por la fundación, el dinero que permanece disponible, los gastos realizados y los beneficiarios de las ayudas.

El congresista también cuestionó que se utilizaran espacios de comunicación pública y la vocería de funcionarios del Gobierno para promover donaciones hacia una fundación privada. Su argumento es que debe existir claridad sobre el destino de los aportes y que los ciudadanos necesitan saber cómo se administraron.

Otro interrogante tiene que ver con las diferencias entre algunos anuncios de aportes empresariales y las cifras reportadas por la fundación. También se han solicitado explicaciones sobre el papel de organizaciones y entidades públicas que aparecen mencionadas como aliadas de la campaña.

La representante Catherine Juvinao, por su parte, ha insistido en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, especialmente por la cercanía de la fundación con la Presidencia y por el volumen de recursos que ha logrado reunir.

¿Cuánto dinero recibió la fundación?

En su primer informe de gestión, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas reportó donaciones por 54.589 millones de pesos.

Según ese documento, los aportes provienen del sector privado y el 81 % corresponde a la familia Gilinski.

La fundación informó que los recursos están destinados a proyectos de reconstrucción, entre ellos la recuperación de tres instituciones educativas y tres centros de salud en Cali. También contempla iniciativas de vivienda en otros territorios afectados.

En la etapa de atención humanitaria, la organización reportó la entrega de más de 5.652 toneladas de ayudas en 80 municipios, con el apoyo de empresas, voluntarios y operadores logísticos.

Estas cifras corresponden al informe presentado por la propia fundación; por sí solas no constituyen una auditoría independiente sobre la ejecución de todos los recursos.

¿Qué responde el Gobierno?

Uno de los cuestionamientos iniciales se refería a si la fundación tenía autorización legal para recibir donaciones.

El 13 de octubre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que Colombia Luz y Sonrisas tiene vigente su Registro Único Tributario (RUT) y pertenece al Régimen Tributario Especial.

La entidad explicó que las organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones para cumplir su objeto social. La pertenencia al Régimen Tributario Especial permite, además, expedir los certificados para que los donantes puedan acceder a los beneficios tributarios establecidos por la ley.

Por tanto, la DIAN despejó la duda sobre la capacidad legal de la fundación para recibir aportes. Sin embargo, esa aclaración tributaria no responde por sí misma a las preguntas sobre cuánto dinero se recaudó, cómo se ejecutó y quiénes recibieron las ayudas.

La fundación, por su parte, presentó un informe de gestión en el que expuso las donaciones recibidas y los proyectos previstos.

¿Qué tiene que ver el Fondo Milagro?

El Fondo Milagro fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026 como un patrimonio autónomo para administrar y financiar acciones de asistencia humanitaria, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Su estructura contempla diferentes fuentes de financiación, entre ellas recursos públicos, créditos, cooperación y donaciones privadas.

Sin embargo, las donaciones recaudadas por la fundación de la primera dama no deben confundirse automáticamente con los recursos del Fondo Milagro. El presidente ha aclarado que esos aportes privados no ingresarán directamente al patrimonio autónomo del fondo y que parte de la reconstrucción se desarrollará mediante otros mecanismos de financiación.

En otras palabras, se trata de iniciativas distintas que pueden coincidir en el propósito de atender a los damnificados, pero cuyos recursos y mecanismos de ejecución deben identificarse por separado.

¿Qué ordenó la justicia?

El 6 de noviembre se conoció una decisión del Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá, que concedió una tutela presentada por el senador Alejandro Ocampo.

El despacho ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas entregar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, una respuesta clara y detallada sobre las donaciones que recibió administró, canalizó o distribuyó.

La decisión busca que se informe qué ocurrió con los recursos y cómo llegaron las ayudas a sus destinatarios. La orden judicial no significa que se haya demostrado un delito ni que exista una condena contra la primera dama o la fundación; se trata de una exigencia de respuesta y acceso a la información.

Entonces, ¿hay pruebas de que se hayan perdido o desviado los recursos?

Hasta este  9 de noviembre de 2026, no se puede afirmar que esté probado un desvío o apropiación indebida de las donaciones.

Lo que sí existe es una controversia política y una exigencia de mayor transparencia sobre el manejo de más de 54.500 millones de pesos reportados por la fundación. También existe una orden judicial para que la organización explique detalladamente el destino de los aportes.

La DIAN confirmó que la fundación está habilitada para recibir donaciones, pero esa condición legal no la exime de explicar cómo administra los recursos y demostrar que se destinan a los fines anunciados.

La clave para entender el caso es esta: una cosa es la legalidad de recibir donaciones y otra, igualmente importante, es la obligación de explicar con claridad cuánto se recibió, cómo se gastó y quiénes se beneficiaron. Esa es precisamente la información que ahora se exige conocer.