Corte Suprema condena a 12 años de prisión a la excongresista Tatiana Cabello por exigir parte del salario a su UTL
Bogota, 06 de julio del 2026 - La Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Tatiana Cabello Flórez Martínez, tras hallarla responsable del delito de concusión continuada. La alta corporación concluyó que la excongresista utilizó su cargo para exigir mensualmente a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la entrega de un porcentaje de sus salarios como condición para conservar sus empleos, una conducta que, según el fallo, constituyó un grave abuso de la función pública.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que impuso una pena de 144 meses y un día de prisión, además de una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 116 meses y 29 días. Asimismo, la Corte negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, por lo que la orden de captura será emitida una vez la sentencia quede en firme.
Durante el proceso judicial, los magistrados determinaron que la exlegisladora actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y que, para ejecutar el esquema de cobros, habría contado con el apoyo de tres de sus colaboradores. En la sentencia se señala que "cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento".
La Corte también concluyó que la conducta de Cabello afectó la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. En ese sentido, la providencia advierte que su actuar "minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia", al aprovechar su investidura para obtener beneficios económicos indebidos.
Además de la condena, el alto tribunal ordenó el pago de perjuicios a las cinco víctimas identificadas dentro del proceso y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a la excongresista por la posible comisión de otros delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito de servidor público y amenazas, lo que podría derivar en nuevas actuaciones judiciales en su contra.
