Después de tres años sin algún resultado, Gobierno Petro cierra el Ministerio de la Igualdad tras fuertes cuestionamientos y fallo de la Corte
Bogota, 22 de junio del 2026 - El Gobierno Nacional oficializó el inicio de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad mediante el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, poniendo fin a una de las principales apuestas institucionales del presidente Gustavo Petro. La decisión se adoptó luego de que no prosperara la corrección de los vicios de trámite advertidos por la Corte Constitucional durante la creación de la cartera, lo que obligó al Ejecutivo a desmontar la entidad y redistribuir sus funciones entre otras dependencias del Estado.
La medida también desató incertidumbre entre los trabajadores del ministerio. Decenas de funcionarios realizaron protestas frente a las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para reclamar garantías laborales y exigir claridad sobre su futuro. "Nos sacaron como unos perros, sin un decreto", manifestó una de las empleadas durante la jornada de protesta, mientras los sindicatos advirtieron que más de 600 trabajadores podrían verse afectados por el cierre de la entidad.
El decreto establece que el ministerio pasará a denominarse "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" y contará con un plazo inicial de un año para culminar el proceso, periodo durante el cual no podrá iniciar nuevas actividades y únicamente adelantará las actuaciones necesarias para su cierre administrativo. Además, el presidente de la República designará un liquidador que asumirá la representación legal de la entidad y el cargo de ministro quedará suprimido.
El Ministerio de la Igualdad, creado en 2023 y liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, nació con el objetivo de coordinar políticas dirigidas a reducir las brechas sociales y atender a poblaciones históricamente excluidas. Sin embargo, desde sus primeros meses enfrentó dificultades administrativas, cuestionamientos por su ejecución presupuestal, investigaciones sobre algunos funcionarios y problemas jurídicos que culminaron con la decisión de la Corte Constitucional, la cual declaró inexequible la ley que le dio origen al encontrar irregularidades en su trámite legislativo y en la evaluación de su impacto fiscal.
Mientras el Gobierno adelanta el traslado de los programas y funciones a otras entidades del orden nacional, organizaciones sindicales insisten en que aún no existe claridad sobre la situación de los trabajadores y solicitaron un espacio de diálogo con el Ejecutivo. Con esta decisión, concluye uno de los proyectos más representativos del denominado Gobierno del Cambio, en medio de críticas de sectores políticos, protestas de funcionarios y un complejo proceso de cierre administrativo.
