Envían a la cárcel a nueve presuntos responsables de millonario saqueo a recursos de regalías
Bogotá, junio 25 de 2026 - Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría desviado recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 496 mil millones de pesos a través de contratos supuestamente irregulares.
La decisión se produjo a petición de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a varios exdirectivos, coordinadores y contratistas vinculados a la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que entre 2020 y 2026 suscribió más de un centenar de contratos con alcaldías y gobernaciones del país.
Entre los procesados figuran el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; además de varios coordinadores y presuntos intermediarios que, según el ente acusador, habrían participado en la ejecución del esquema.
De acuerdo con la investigación, los contratos estaban dirigidos a financiar obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que gran parte de estas iniciativas fueron ejecutadas mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas a la organización, desconociendo los procedimientos exigidos por la contratación pública.
Los investigadores también detectaron presuntas irregularidades como procesos contractuales sin estudios previos suficientes, selección restringida de proveedores y contratación de terceros para actividades que, por su naturaleza, requerían otro tipo de procedimientos legales.
Otro de los hallazgos señala que Aremca habría ejecutado proyectos en departamentos distintos a los contemplados en sus estatutos, extendiendo su operación a regiones como Arauca, Cauca, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
La Fiscalía calcula que en al menos 23 contratos se habría configurado un enriquecimiento ilícito cercano a los 14.235 millones de pesos. Asimismo, se investigan posibles apropiaciones indebidas de recursos públicos, inconsistencias en el manejo de anticipos y omisiones en el recaudo de impuestos territoriales y contribuciones destinadas al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por montos que superarían los 20 mil millones de pesos.
Los nueve procesados fueron imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato, entre otros cargos. Mientras avanza el proceso judicial, permanecerán privados de la libertad por disposición de la autoridad competente.
