Exjefe de la DNI de Petro admite ofrecimientos a informantes de grupos armados, pero asegura que nunca se concretaron
Bogota, 20 de agosto del 2026 - El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, Jorge Lemus, reconoció que durante encuentros con fuentes de información se llegaron a plantear ofrecimientos de bienes y beneficios, aunque aseguró que ninguno de esos compromisos llegó a materializarse.
La declaración se conoce en medio de la controversia generada por un audio divulgado por la revista Semana, en el que aparece una conversación con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “Narcochofer”, quien ha señalado que habría establecido acuerdos con funcionarios de la administración Petro.
En entrevista con el mismo medio, Lemus explicó que los ofrecimientos mencionados hacían parte de las estrategias utilizadas para obtener información relacionada con asuntos de seguridad nacional. Según su versión, este tipo de planteamientos podía utilizarse durante el manejo de fuentes, pero no representaba compromisos formales con entidades estatales.
El exdirector de la DNI negó haber realizado gestiones ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o haber conversado con Augusto Rodríguez, quien entonces dirigía la Unidad Nacional de Protección, para hacer efectivos esos ofrecimientos. “Nunca se materializaron”, sostuvo al referirse a los beneficios mencionados durante los acercamientos con las fuentes.
Lemus también confirmó que la DNI efectuó pagos a informantes, entre ellos personas vinculadas con grupos guerrilleros y organizaciones criminales, como parte de sus actividades de inteligencia. Sin embargo, diferenció estos pagos de la entrega de bienes o recompensas oficiales y negó que se hubieran otorgado activos estatales a cambio de información.
Sus declaraciones vuelven a poner bajo la lupa los métodos utilizados por los organismos de inteligencia para obtener información, así como los límites entre los ofrecimientos realizados durante el contacto con fuentes y los compromisos que requieren la intervención formal de entidades del Estado.
