Fondo Milagro: salarios de hasta $39 millones mensuales mientras los damnificados esperan la reconstrucción

La nómina del Fondo Milagro supera los $765 millones mensuales y su gerente, Jaime Andrés Uribe, recibe cerca de $39,5 millones. Veinte de las 27 personas reportadas en la relación salarial devengan $30 millones o más. A estos gastos se suma la comisión mensual de Fiducoldex, que ronda los $248,6 millones. Las cifras desatan cuestionamientos sobre las prioridades de una entidad creada para atender a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

El Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para administrar los recursos destinados a la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, enfrenta una nueva controversia. Esta vez, el centro del debate no está solamente en sus mecanismos de contratación, sino en el elevado costo de su estructura administrativa.

La información fue conocida luego de que la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, solicitara mediante un derecho de petición el detalle de los salarios del personal vinculado al fondo. La respuesta dejó al descubierto una nómina mensual cercana a los 765 millones de pesos, una cifra que obliga a preguntar cuánto dinero se está destinando a la administración y cuánto está llegando efectivamente a las familias que perdieron sus viviendas.

Una nómina que supera los $765 millones mensuales

Entre los salarios revelados aparecen cifras que contrastan con la realidad de miles de damnificados que todavía esperan soluciones.

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, recibe $39.441.454 mensuales. Su secretario privado devenga $36 millones, el mismo salario asignado al director jurídico, Diego Alejandro Marín, y a otros cargos directivos.

La relación salarial también registra 13 coordinadores con remuneraciones de $33 millones mensuales cada uno, mientras que el coordinador regional recibe $30 millones. Los profesionales técnicos tienen salarios que oscilan entre $5,8 millones y $18,9 millones.

Según el reporte publicado por Caracol Radio, con corte al 9 de noviembre había 27 personas formalmente vinculadas al Fondo Milagro a través de Fiducoldex. La suma de sus salarios alcanza aproximadamente $765,6 millones mensuales, sin incluir primas ni prestaciones sociales.

En otras palabras, la nómina representa un gasto anual superior a los 9.100 millones de pesos, si se mantiene ese nivel de contratación durante doce meses.

Más de $1.000 millones al mes para mantener funcionando el fondo

El costo administrativo no termina en los salarios.

El contrato suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Fiducoldex contempla una comisión fija mensual equivalente a 142 salarios mínimos, calculada en aproximadamente $248,6 millones.

De acuerdo con la información conocida, este pago se cubre con los rendimientos financieros de los recursos administrados y, cuando estos no son suficientes, con recursos del propio fondo.

Al sumar la nómina y la comisión fiduciaria, el funcionamiento de la estructura supera los 1.000 millones de pesos mensuales.

La pregunta resulta inevitable: ¿es razonable que una entidad creada para atender una emergencia tenga costos administrativos de esta magnitud mientras las necesidades de reconstrucción siguen siendo enormes?

No se trata de desconocer que una operación de esta naturaleza necesita profesionales especializados, personal técnico y capacidad administrativa. El problema es la proporción del gasto, la justificación de los salarios y los resultados que puede mostrar la entidad frente a la urgencia que motivó su creación.

¿Cuánto dinero ha llegado realmente a la reconstrucción?

Las cifras de contratación conocidas también alimentan las críticas.

En el informe presentado ante el Congreso por el gerente del fondo se reportaron compromisos contractuales por 7.440 millones de pesos, destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali.

Ese monto equivale aproximadamente al 1,2 % de los $624.656 millones aprobados para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias.

El dato debe analizarse con cuidado: se refiere a recursos comprometidos en procesos contractuales y no necesariamente representa la totalidad de las ayudas, entregas o actividades adelantadas. Sin embargo, sí permite dimensionar la distancia entre los recursos presupuestados y los compromisos contractuales reportados hasta el momento.

La reconstrucción exige rapidez. Las familias que perdieron sus viviendas no pueden esperar indefinidamente mientras se organizan estructuras administrativas, se diseñan procedimientos y se anuncian programas.

Las críticas no son solamente por los salarios

El funcionamiento del Fondo Milagro ya venía siendo cuestionado por varios congresistas.

La representante Catherine Juvinao había advertido sobre posibles debilidades en los controles de contratación, las facultades del gerente y la transparencia en la selección de contratistas. También cuestionó que algunas decisiones de contratación pudieran concentrarse en la gerencia.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza puso en duda la pertinencia de vincular personal mediante contratos laborales a término indefinido en una entidad creada para atender una emergencia, cuya duración y necesidades deberían estar claramente justificadas.

A estos cuestionamientos se sumó la senadora Laura Cristina Ahumada, quien pidió explicaciones sobre los costos de algunas interventorías contratadas para las demoliciones. Según sus señalamientos, varios porcentajes superarían los valores que habitualmente se manejan en el sector.

Estas son denuncias y cuestionamientos de congresistas que requieren respuestas documentadas por parte de la administración del fondo. No constituyen, por sí mismos, pruebas de irregularidades o actos de corrupción.

El gerente tampoco asistió al debate de control político

Otro episodio que aumentó la inconformidad fue la ausencia de Jaime Andrés Uribe en la sesión de control político programada por la Comisión Accidental Bicameral del Congreso el pasado 11 de noviembre.

El gerente informó que no podría asistir porque había sido convocado para acompañar una agenda del presidente Abelardo de la Espriella en Roldanillo, Valle del Cauca, relacionada con la entrega de beneficios de vivienda.

Aunque remitió respuestas por escrito al cuestionario de los congresistas, su ausencia impidió que respondiera presencialmente a las preguntas y cuestionamientos de los legisladores.

En un asunto que involucra cientos de miles de millones de pesos y la atención de familias damnificadas, la rendición de cuentas no debería convertirse en un trámite documental. La ciudadanía necesita explicaciones directas, cifras verificables y respuestas sobre los resultados.

La reconstrucción no puede convertirse en un negocio administrativo

El Fondo Milagro nació de una emergencia que dejó familias sin viviendas, comunidades afectadas y una enorme necesidad de reconstrucción. Su razón de ser no es sostener una burocracia costosa, sino convertir los recursos públicos en soluciones concretas para quienes perdieron su patrimonio.

Por eso, el Gobierno tiene la obligación de explicar por qué se requieren salarios de hasta 39 millones de pesos, cuál es la justificación técnica de cada cargo, qué resultados ha producido esa estructura y cómo se garantizará que los gastos administrativos no terminen desplazando las prioridades de los damnificados.

También debe informar con claridad cuánto se ha ejecutado, cuánto está comprometido, cuánto permanece disponible y cuáles son las fechas previstas para que las familias reciban las soluciones prometidas.

Una tragedia no puede convertirse en una oportunidad para multiplicar cargos y remuneraciones sin que exista una correspondencia visible con los resultados. Si el Gobierno considera que estos salarios son necesarios, debe demostrarlo con productividad, transparencia y avances verificables.

Porque mientras una persona vinculada al Fondo Milagro puede recibir cerca de 40 millones de pesos en un mes, hay familias que siguen esperando una respuesta para recuperar el techo que perdieron.

La reconstrucción debe comenzar por los damnificados, no por el tamaño de la nómina.