Gerente de Ciudad Verde, defiende la concesión a la que Tribunal Administrativo del Cesar puso en la cuerda floja

Valledupar abril 22 de 2026 - Luego de que el Tribunal Administrativo del Cesar, ordenara la suspensión de vigencias futuras para financiar el proyecto Ciudad Verde, con el cual el gobierno municipal quiere presentar el arbolado en la ciudad, lo cual pone en la cuerda floja el programa, se pronunció Odacir Camargo, gerente de la concesión.

En medio de cuestionamientos por el alto costo del proyecto y dudas sobre su inclusión dentro del Plan de Desarrollo Municipal, el gerente de la concesión, Odacir Camargo, salió en defensa de la iniciativa, asegurando que se trata de una apuesta integral para la recuperación ambiental de Valledupar y no de una improvisación.

El proyecto, planteado a 16 años bajo la figura de concesión, tendría un costo aproximado de 238 mil millones de pesos, recursos que serían retribuidos al privado por el municipio a lo largo del tiempo. Esta cifra ha generado inquietud, especialmente tras la decisión del Tribunal que frenó las vigencias futuras, mecanismo clave para garantizar su financiación.

Camargo explicó que el programa no solo contempla el mantenimiento del arbolado urbano, sino también la recuperación de ecosistemas estratégicos como humedales y el río Guatapurí, además del embellecimiento paisajístico de la ciudad. “Nunca se había ejecutado un proyecto de esta magnitud en Valledupar”, afirmó.

Sin embargo, el debate no se limita al impacto ambiental. Desde distintos sectores se cuestiona si esta concesión era realmente necesaria, teniendo en cuenta que entidades como Corpocesar ya cumplen funciones de protección ambiental en el departamento. Frente a esto, el gerente argumentó que el alcance de dichas entidades es limitado y que el proyecto busca intervenir de manera sostenida durante 16 años, algo que, según dijo, no se ha logrado con iniciativas anteriores.

Otro de los puntos críticos es el modelo de contratación. La concesión implica que un privado asuma inversiones iniciales, mientras el municipio garantiza pagos a largo plazo. Para el gerente, este esquema permitiría no solo ejecutar las obras, sino garantizar su mantenimiento, evitando que inversiones millonarias se deterioren en pocos meses.

Respecto a la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, que cuestiona la legalidad de comprometer recursos futuros, Camargo sostuvo que aún no han sido notificados formalmente y que, mientras tanto, el proyecto continúa en ejecución. “A nosotros nos corresponde seguir trabajando con el plan de acción del 2026”, indicó.

También defendió la viabilidad jurídica del proyecto, asegurando que, al momento de estructurar la propuesta, se revisaron los estudios técnicos y su alineación con las metas ambientales del Plan de Desarrollo, de las cuales —según dijo— al menos 13 estarían relacionadas con la iniciativa.

No obstante, persisten las dudas. Críticos del proyecto señalan que la iniciativa no estaba claramente contemplada como estratégica dentro del plan de gobierno y que podría tratarse de una decisión adoptada sobre la marcha, lo que alimenta el debate sobre una posible falta de planeación.

Mientras el municipio responde a los cuestionamientos judiciales, el futuro de Ciudad Verde queda en suspenso, en medio de un pulso entre la necesidad de recuperar el entorno ambiental de Valledupar y las exigencias legales y financieras que hoy ponen en jaque su continuidad.