Juzgado ordena a la Alcaldía de Valledupar implementar la figura de Inspectores de Convivencia y Paz

Valledupar, mayo 11 de 2026 - El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar ordenó al Municipio de Valledupar cumplir con la implementación de la Ley 2492 de 2025, norma que cambió la denominación de los inspectores de Policía por inspectores de Convivencia y Paz y estableció nuevas condiciones administrativas y salariales para esos cargos.

La decisión judicial se produjo dentro de una acción de cumplimiento presentada por Julieta Margarita Hinojosa Daza, quien alegó que la Alcaldía no ejecutó dentro del plazo legal las medidas necesarias para aplicar la nueva ley.

En la sentencia, la jueza Sandra Patricia Peña Serrano declaró que el municipio incumplió el mandato legal contenido en la Ley 2492 de 2025 y ordenó adelantar y culminar, en un plazo máximo de cuatro meses, todas las actuaciones administrativas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo régimen.

La normativa establece que los antiguos inspectores de Policía deben pasar a denominarse inspectores de Convivencia y Paz y ocupar el grado más alto del nivel profesional dentro de la estructura administrativa municipal.

Según el fallo, el plazo legal para implementar la ley venció el 23 de enero de 2026, pero la Alcaldía de Valledupar no expidió los actos administrativos requeridos para formalizar los cambios, pese a que ya existían recursos presupuestales aprobados para ese fin.

Durante el proceso, la administración municipal argumentó que la implementación de la ley implicaba modificaciones salariales y administrativas restringidas por la Ley de Garantías Electorales. Sin embargo, el juzgado concluyó que la norma no contempla la creación de nuevos cargos, sino la actualización y modificación de empleos ya existentes dentro de la carrera administrativa.

La decisión judicial también señala que el Departamento Administrativo de la Función Pública y varios ministerios habían emitido una circular conjunta recordando a los municipios la obligación de implementar la ley dentro de los seis meses establecidos.

El despacho advirtió además que el incumplimiento de la orden judicial podría generar sanciones contra la administración municipal.