MUY PERSONAL /Aman el caos/

Las movilizaciones de este 14 de octubre dejaron en evidencia dos maneras de entender la protesta en Colombia. Por un lado, ciudadanos que salieron a las calles pacíficamente, con consignas, banderas y argumentos para expresar sus inconformidades. Por el otro, personas que aprovecharon la jornada para atacar bienes públicos, vandalizar estaciones y buses de TransMilenio y causar daños en edificios del centro de Bogotá. Dos realidades distintas que coincidieron en una misma jornada, pero que no pueden confundirse ni recibir el mismo tratamiento.

Porque protestar es un derecho constitucional que debemos respetar, incluso cuando no compartimos las razones de quienes marchan. Lo que no puede aceptarse es que ese derecho se convierta en una licencia para destruir, agredir o perjudicar a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con las reclamaciones de los manifestantes. ¿Qué responsabilidad tienen quienes deben soportar retrasos, desvíos y daños en un sistema de transporte que utilizan para trabajar, estudiar o regresar a sus hogares? ¿Quién responde por los recursos que deben destinarse a reparar lo que otros destruyen?

Y, sin embargo, cuando aparecen los actos vandálicos, también surgen voces que parecen más preocupadas por cuestionar la respuesta de las autoridades que por condenar con claridad los daños ocasionados. Ahí es donde comienza la contradicción. Algunos convierten cualquier medida de control en una amenaza contra las libertades, como si exigir el cumplimiento de la ley fuera incompatible con la democracia. ¿Desde cuándo defender el derecho a la protesta implica guardar silencio frente a quienes utilizan las marchas para sembrar el caos?

Lo ocurrido el 14 de octubre también permite entender por qué el anuncio presidencial de regular las manifestaciones provocó tanta controversia. Hay sectores políticos y mediáticos que cuestionan estas medidas por considerar que pueden restringir derechos fundamentales. Y ese debate debe darse, porque ninguna autoridad está por encima de la Constitución y toda regulación debe respetar las garantías ciudadanas. Pero una cosa es exigir que las medidas oficiales se ajusten a la ley y otra muy distinta es presentar el vandalismo como una expresión legítima de inconformidad. La protesta pacífica merece todas las garantías; la destrucción de bienes públicos no puede justificarse bajo su amparo.

Tampoco podemos caer en el error de señalar a todos los manifestantes por las acciones de unos cuantos. Miles de personas marchan sin agredir a nadie, sin destruir y sin alterar violentamente la vida de los demás. Precisamente por eso resulta tan importante distinguir entre quienes ejercen un derecho y quienes lo utilizan como pretexto para cometer desmanes. Defender esa diferencia no es atacar la protesta: es protegerla de quienes terminan desdibujando su propósito.

Lo que sí resulta difícil de comprender es que algunos parezcan encontrar en el desorden una herramienta de oposición política. Como si el caos fuera preferible al orden, como si toda decisión de autoridad tuviera que ser rechazada por venir del Gobierno de turno y como si la convivencia pudiera construirse desconociendo las reglas que nos permiten vivir juntos. La democracia no consiste en aplaudir todo lo que haga un presidente, pero tampoco en oponerse a todo sin distinguir entre lo razonable, lo discutible y lo inaceptable.

Colombia necesita autoridad, pero una autoridad sometida a la Constitución; necesita garantías para quienes protestan, pero también protección para quienes no participan en las marchas; necesita libertad para disentir, pero responsabilidad para asumir las consecuencias de los propios actos. La ley debe cumplirse sin arbitrariedades y hacerse cumplir sin convertir la fuerza en una respuesta indiscriminada. Ese equilibrio es el que distingue a un Estado democrático de uno que pretende imponer su voluntad.

Por eso, frente a las imágenes de destrucción que dejó la jornada, la pregunta no debería ser únicamente si las autoridades actuaron bien o mal. También deberíamos preguntarnos por qué todavía hay quienes se resisten a condenar sin ambigüedades los actos vandálicos. ¿De verdad se puede defender una causa destruyendo aquello que pertenece a todos? ¿Se puede hablar de paz mientras se tolera la violencia contra los bienes públicos y se afecta la vida cotidiana de miles de personas?

Hay quienes parecen añorar una paz que confunden con la ausencia de autoridad y que terminan defendiendo cuando el desorden favorece sus intereses. Pero la paz no es anarquía, ni la libertad consiste en hacer lo que a cada quien le venga en gana. La paz exige respeto, convivencia y reglas comunes. Y la oposición, para ser legítima, no necesita destruir: necesita argumentos, propuestas y la capacidad de convencer.

Aman el caos cuando creen que les sirve para combatir al adversario, pero olvidan que el desorden nunca golpea únicamente al Gobierno. Lo termina pagando la gente. Esa es la lección que debería dejarnos el 14 de octubre: defender la democracia significa proteger tanto el derecho a protestar como el derecho de los demás a vivir en una sociedad donde las diferencias se expresen sin violencia y donde la libertad no se convierta en excusa para destruir.

Por Limedes Molina Urrrego