“¡Se acabó la guachafita!”: De la Espriella ordenó traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota

Bogotá, octubre 7 de 2026 - El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y protagonistas del proceso por el escándalo de corrupción en esa entidad, desde instalaciones militares hacia la cárcel La Picota, en Bogotá.

El mandatario aseguró que la decisión fue impartida por él y cumplida este martes 6 de octubre por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El traslado quedó establecido en la Resolución 008041 de 2026, firmada por el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, De La Espriella lanzó una dura advertencia sobre el manejo de los recursos públicos:

“¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota”.

El presidente sostuvo que los recursos involucrados en el caso estaban destinados a atender necesidades de comunidades afectadas por emergencias, llevar agua a zonas sin suministro y apoyar a familias vulnerables.

“Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos”, afirmó.

De La Espriella insistió además en que durante su administración no existirán condiciones especiales de reclusión para personas con poder o influencia.

“En mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”.

Traslado genera controversia jurídica

López y Pinilla permanecían recluidos en instalaciones de la Fuerza Pública, una medida relacionada con su condición de colaboradores de la justicia y con consideraciones de seguridad dentro de sus respectivos procesos. La defensa de Sneyder Pinilla cuestionó el traslado y sostuvo que existía una decisión judicial que disponía su permanencia en un centro de reclusión militar.

El debate, por tanto, no se limita a la decisión penitenciaria: también involucra la discusión sobre las condiciones de seguridad de quienes colaboran con la Fiscalía y el alcance de las decisiones judiciales frente a las determinaciones administrativas del Inpec.

Al cerrar su mensaje, el presidente De La Espriella reiteró su posición frente al manejo de los recursos públicos:

“La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple”.

La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso por el escándalo de la UNGRD, mientras continúan las actuaciones judiciales contra los involucrados.