Crece polémica por nuevos nombramientos diplomáticos del Gobierno Petro a pocas semanas del cambio de mandato
Bogotá, 25 de junio de 2026. A pocas semanas de que se produzca el relevo presidencial en Colombia, nuevas designaciones en el servicio diplomático han encendido el debate político y administrativo. La actual administración del presidente Gustavo Petro continúa avanzando en el nombramiento de funcionarios cercanos al Gobierno para ocupar cargos en consulados y representaciones diplomáticas en distintos países, una decisión que ha generado críticas por el impacto que podría tener en las finanzas públicas y en la autonomía del gobierno entrante.
Las recientes designaciones se conocen cuando el presidente electo Abelardo de la Espriella se prepara para asumir el poder y conformar su propio equipo de representación en el exterior. Sectores críticos consideran que estos nombramientos limitan la posibilidad de que la nueva administración ejerza plenamente su facultad de realizar cambios en el cuerpo diplomático.
Entre los funcionarios que han sido vinculados a estos movimientos diplomáticos figura Elvira Sanabria, actual secretaria general de la Cancillería, quien fue designada como cónsul en Nueva Loja, Ecuador. También aparece John Jairo Camargo, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tendría una representación en Chile.
La lista incluye además a José Ros, jefe de gabinete de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio; Uberney Marín, jefe de la Oficina Jurídica Interna de la Cancillería, quien sería enviado a Maracaibo, Venezuela; y Wilmar Díaz, asesor de la ministra saliente, designado para desempeñar funciones en Barquisimeto.
Otro de los nombres que genera atención es el de Gloria Esperanza Acevedo, cuyo nombramiento diplomático anterior en Chile fue anulado por el Consejo de Estado y que ahora estaría siendo considerada para una representación en Panamá.
De acuerdo con información conocida desde el servicio diplomático, varios de estos funcionarios ya estarían adelantando procesos de preparación e inducción para asumir sus nuevas responsabilidades en el exterior, pese a la cercanía de la transición gubernamental.
"La principal preocupación es que algunos de los funcionarios ya estarían participando en procesos de inducción y alistamiento para asumir los cargos asignados en el exterior", advierten fuentes consultadas sobre el tema.
Las críticas se centran en el posible costo que estas decisiones podrían representar para el Estado en caso de que el próximo gobierno decida revocar las designaciones. Los gastos asociados a traslados internacionales, viáticos, instalación y eventual retorno de los funcionarios tendrían que ser asumidos con recursos públicos.
"De concretarse cambios en esos nombramientos, el Estado tendría que asumir elevados costos relacionados con el traslado y posterior regreso de los funcionarios", señalan fuentes del servicio exterior.
Para quienes cuestionan estas decisiones, el escenario podría traducirse en una carga económica adicional para las finanzas públicas, especialmente si la nueva administración decide realizar modificaciones una vez llegue a la Casa de Nariño.
Mientras tanto, el debate sigue abierto sobre la conveniencia de realizar este tipo de nombramientos en la recta final de un gobierno y sobre el margen de maniobra que tendrá la administración entrante para definir la representación diplomática del país en el exterior.
