/ ESCUCHE/ Daniel Daza responde al Concejo: “La Tramacúa nunca fue autorizada por Valledupar”.
Valledupar, junio 24 de 2026 - La controversia alrededor de la Penitenciaría de Máxima y Mediana seguridad de Valledupar sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Concejo Municipal solicitara al Tribunal Administrativo del Cesar ser desvinculado de la acción popular que busca esclarecer presuntas irregularidades en la construcción del centro penitenciario, el líder social Daniel Daza respondió a la posición de la corporación y aseguró que los acuerdos aprobados por el cabildo nunca autorizaron la construcción de La Tramacúa.
En diálogo con La Voz de la Mañana, Daza afirmó que los documentos suscritos en 1997 entre el municipio y el INPEC tenían como propósito exclusivo la reubicación de la antigua cárcel judicial ubicada en el barrio Dangond y no la construcción de un establecimiento de máxima seguridad.
"Que lo tenga claro todo Valledupar: nunca se autorizó la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Lo que se autorizó fue la reubicación de la cárcel judicial. La Tramacúa fue una modificación unilateral que hizo el INPEC", sostuvo.
Según el líder social, el proyecto original contemplaba la construcción de una nueva cárcel para reemplazar la infraestructura existente, pero posteriormente el Gobierno Nacional modificó el alcance de la iniciativa para convertirla en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.
Cuestiona actuación histórica del Concejo
Daza también respondió a los argumentos presentados por el Concejo Municipal en su defensa jurídica y aseguró que la corporación apenas ahora está reconociendo elementos que durante años permanecieron ignorados.
"El Concejo está saliendo de una amnesia", afirmó.
El líder social recordó que desde el año pasado había advertido a los concejales sobre la necesidad de vincularse activamente a la acción popular para defender los intereses de la ciudad.
Según explicó, uno de los aspectos más delicados del caso tiene relación con el Acuerdo 005 de 1970, mediante el cual el Concejo autorizó la adquisición de terrenos destinados a programas de vivienda popular.
Daza sostiene que el predio donde posteriormente se construyó la cárcel judicial estaba vinculado a esa destinación y que dicha condición nunca fue modificada formalmente.
"Construyeron una cárcel en un inmueble que tenía destinación para vivienda popular. Ese acuerdo sigue vigente y nadie ha explicado por qué se incumplió", aseguró.
Pide mayor control político
El líder social cuestionó además la falta de control político que, a su juicio, ha existido durante décadas frente a las decisiones relacionadas con el uso del predio y el desarrollo del proyecto penitenciario.
Aseguró que el Concejo tiene facultades para ejercer vigilancia institucional sobre el tema y lamentó que no se hayan promovido debates o investigaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos municipales.
"Durante 57 años nadie supervisó qué pasó con ese acuerdo. Hoy deberían estar citando al alcalde, al INPEC y a todas las entidades involucradas para que expliquen lo ocurrido", manifestó.
Cree difícil que el Concejo sea desvinculado
Respecto a la solicitud presentada por el Concejo para ser excluido del proceso judicial, Daza se mostró escéptico y destacó que el Tribunal Administrativo del Cesar ha realizado un análisis amplio del caso.
Recordó que durante el trámite también fueron vinculados ministerios y entidades nacionales que han intentado apartarse del proceso sin éxito.
"No sé qué decidirá el Tribunal, pero el problema sigue existiendo. El acuerdo continúa vigente y las preguntas de fondo siguen sin respuesta", indicó.
La acción popular continúa su curso ante la justicia administrativa mientras crece el debate sobre las responsabilidades institucionales que rodearon la construcción de La Tramacúa y el cumplimiento de los acuerdos que dieron origen al proyecto hace más de cinco décadas.
