¿La Juliana Guerrro del Exministro de salud?, Contratos por cientos de millones ponen bajo la lupa a contratista cercana al exministro de Salud Guillermo Jaramillo
Bogota, 10 de agosto del 2026 - Elizabeth Cristina Ortiz Peña, psicóloga y especialista en gestión pública, vuelve a estar en el centro de la controversia por los contratos que ha suscrito con diferentes entidades del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro. La contratista ha tenido vínculos contractuales con entidades como la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía, con negocios cuyos valores ascienden a cientos de millones de pesos.
El nombre de Ortiz Peña también cobró notoriedad por su cercanía con el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien la mencionó públicamente durante un evento realizado en El Espinal, Tolima. En esa oportunidad, el funcionario destacó su participación en un proceso relacionado con la gestión de recursos destinados al hospital San Rafael de ese municipio.
La controversia aumentó luego de que en redes sociales circularan señalamientos en los que se cuestionan los vínculos entre Ortiz y el exministro de Salud. En una de las publicaciones se afirmó que la contratista habría recibido más de $560 millones en contratos, acompañando el señalamiento con la expresión: “Más corrupción en el gobierno Petro”.
Sin embargo, los documentos conocidos dan cuenta de contratos con diferentes entidades y objetos contractuales, por lo que los valores deben analizarse individualmente y no necesariamente corresponden a dinero efectivamente pagado. La existencia de los contratos, por sí sola, tampoco constituye una prueba de irregularidad.
Contrato con la Presidencia de la República
Entre los documentos aparece un contrato suscrito con la Presidencia de la República, cuyo valor puede alcanzar hasta $121.733.333.
El objeto del contrato está relacionado con actividades de monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales, además de labores de apoyo a la divulgación de contenidos institucionales, de acuerdo con las necesidades de la estrategia de comunicaciones de la Jefatura de Despacho Presidencial.
El documento establece honorarios mensuales por $11 millones y contempla como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones previstas para su ejecución.
Este contrato corresponde a labores relacionadas con comunicaciones y seguimiento de información, y es independiente de otros negocios que la contratista haya podido celebrar con diferentes entidades públicas.
También aparece vinculada al Ministerio de Minas
Otro de los documentos corresponde al Ministerio de Minas y Energía, entidad con la que Ortiz Peña también habría establecido una relación contractual.
En este caso, la propuesta económica contempla igualmente honorarios por $11 millones mensuales. El objeto del contrato está relacionado con el apoyo a procesos de formulación, ejecución y seguimiento de convenios dirigidos a personas dedicadas a la comercialización de combustibles en zonas de frontera que no cumplen con la normatividad vigente.
Por lo tanto, los contratos identificados corresponden a objetos, entidades y actividades diferentes, aunque todos se desarrollan dentro del sector público.
La relación con Guillermo Jaramillo
Uno de los elementos que ha generado mayor interés alrededor del caso es la relación pública que Ortiz Peña ha mantenido con Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud durante el gobierno de Gustavo Petro.
Durante un evento en El Espinal, Tolima, Jaramillo hizo referencia a la labor de Ortiz y destacó su participación en gestiones relacionadas con la asignación de recursos para el hospital San Rafael.
Esta aparición pública fue posteriormente utilizada en redes sociales para cuestionar la cercanía entre ambos y los contratos que la contratista ha obtenido con distintas entidades estatales.
No obstante, los documentos aportados hasta ahora muestran principalmente la existencia de relaciones contractuales con diferentes entidades públicas, por lo que cualquier eventual irregularidad deberá ser determinada por las autoridades competentes si llegaran a abrirse investigaciones.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la contratación estatal durante el gobierno de Gustavo Petro, especialmente en torno a contratistas que han tenido presencia en varias entidades y cuyos nombres aparecen vinculados a funcionarios de alto nivel.
Por ahora, los contratos conocidos permiten establecer los vínculos contractuales y sus respectivos objetos, pero no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal o administrativa contra Elizabeth Cristina Ortiz Peña ni contra los funcionarios mencionados.
