Petro deja la Presidencia y enfrenta denuncia por presunta instigación a delinquir ante la Comisión de Acusaciones por llamar a la conformación de "milicias populares"
Bogota, 08 de agosto del 2026 - El Expresidente de la República, Gustavo Petro quedó en el centro de una nueva controversia jurídica tras ser denunciado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de instigación para delinquir. La acción fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez 55 penal de control de garantías de Bogotá, José Alejandro Hofmann, quienes cuestionan varios mensajes públicos del entonces mandatario relacionados con la creación de “guardias bolivarianas”, “milicias populares” y “asambleas populares”.
La denuncia se fundamenta en publicaciones realizadas por Petro en su cuenta de X, donde, según los juristas, habría planteado la organización de estructuras populares con capacidad para exigir cambios en los mandos de la fuerza pública. Para los demandantes, por tratarse de un mensaje emitido desde la cuenta oficial del jefe de Estado y difundido entre millones de seguidores, sus palabras podrían tener un alcance mayor que el de un simple pronunciamiento político. “Se tiene que el mismo tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”, argumentaron en el documento radicado ante la Comisión.
Ortiz y Hofmann sostienen que los hechos deben ser examinados a la luz del artículo 348 del Código Penal, que sanciona a quien incite pública y directamente a otras personas a cometer delitos. En su interpretación jurídica, las declaraciones también podrían guardar relación con conductas como la sedición, aunque será la autoridad competente la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación. Los denunciantes advirtieron que este tipo de llamados podría “revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”, por lo que solicitaron que el caso sea estudiado con rigor.
La acción judicial también menciona otras declaraciones recientes de Petro, entre ellas comentarios sobre la duración del próximo Gobierno, que generaron reacciones en distintos sectores políticos. Sin embargo, estas afirmaciones hacen parte del contexto presentado por los denunciantes y no constituyen, por sí solas, una decisión judicial.
Ahora será la Comisión de Acusaciones de la Cámara la encargada de analizar la denuncia y establecer si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el expresidente. Hasta el momento, no existe una decisión que declare responsable penalmente a Gustavo Petro, por lo que el proceso se encuentra en una etapa inicial de evaluación. El caso abre un nuevo debate sobre los límites del discurso político, la libertad de expresión de los altos funcionarios y las eventuales consecuencias jurídicas de sus pronunciamientos públicos.
